El pasado 9 de junio, los ministros de Trabajo de la Unión Europea, sin ningún voto en contra, aprobaron la propuesta de modificación de la actual Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, que ahora deberá pasar por el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. La modificación de la directiva autoriza a los Estados miembro a cambiar sus leyes para permitir alargar la jornada semanal de trabajo hasta las 60 horas (o 65 en el caso de colectivos como el sanitario o bomberos, los descansos dejan de considerarse tiempo de trabajo). Como el límite de las 60 horas es, además, una media trimestral, la jornada real podría prolongarse hasta las 78 horas semanales (en una semana determinada). En el caso de contratos de menos de 10 semanas, no habrá ni siquiera estas “limitaciones”.
La Directiva también permite fijar por ley que la jornada semanal “normal” (de hasta 48 horas) sea considerada como una “media anual”, de manera que el trabajador estaria permanentemente a disposición de la empresa y que las horas extras, festivos…, pasarían a ser consideradas como horas ordinarias. Este brutal atropello quieren llevarlo a cabo, además, mediante acuerdos individuales trabajador-empresa, al margen de los convenios colectivos y la representación sindical de los trabajadores, atancando una de las mayores conquistas de la lucha de los trabajadores y trabajadoras: su derecho a la representación y a la negociación colectiva, lo que flagrantemente vulnera el derecho constitucional español.
En 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de una larga lucha del movimiento obrero internacional por las 8 horas diarias, oficializó la jornada máxima de 48 horas. Ahora, incomprensiblemente, la Unión Europea, quiere que el mundo laboral, retroceda más de un siglo, mediante la instauración de jornadas “legales” de 10 a 12 horas y seis dias por semana. Estas “cabezas pensantes” son las mismas que quieren alargar la edad de jubilación a los 70 años, minimizar e ir acabando con las conquistas sociales y ahondar en la senda de la privatización de los servicios públicos. La gris y burócrata Unión Europea, la mayor parte de los gobiernos europeos (derecha, laboristas ingleses, socialdemocracia alemana, etc.), como ya lo ha hecho en otros asuntos y materias, demuestran una vez más estar al dictado de los intereses del gran capital europeo, señalando amenazadoramente el destino que espera a los trabajadores y a los sectores populares.
En esta tesitura no es de extrañar que Irlanda hayan dicho NO al Tratado de Lisboa, como antes Francia y Holanda, a la propuesta de Constitución neoliberal y antisocial. El actual gobierno de España ha dicho que no es de su gusto la Directiva, pero no quiso votar en contra de la propuesta en la reunión de ministros europeos. El Gobierno Zapatero y los europarlamentarios españoles deberían mostrar, sin paliativos, un rechazo y repudio inmediato a esta Directiva que nos quiere hacer retroceder en la historia e hipoteca el futuro laboral de las nuevas generaciones.
