Los Tratados
comerciales son acuerdos suscritos entre dos o más países o grupos. A
través de ellos se establece un modelo de relaciones en los intercambios
comerciales entre los firmantes, afectando a aspectos varios como por ejemplo,
los derechos de aduana a pagar por los productos que se exportan e importan
entre los actores; el control de fronteras; los bienes sujetos a preferencias
en los intercambios, etc.
Por lo general, los tratados comerciales tienden a
facilitar la libre circulación de bienes y servicios entre las partes, siendo
fruto de años y largas negociaciones ya que deben ser sometidos a toda una
serie de análisis y estudios de impacto.
Actualmente está en discusión bastante avanzada el
Acuerdo entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de
liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas
transformados, pescado y productos de la pesca, que es rechazado
mayoritariamente por el sector hortofrutícola comunitario.
Repercusiones agrícolas del acuerdo
de libre comercio UE – Marruecos
En general se considera que este Acuerdo traerá
consigo peligros e impactos negativos para la agricultura europea con pérdida
de renta para los productores, y en particular, perjuicios para el sector hortofrutícola español que puede asistir en los
próximos años a un desmantelamiento de parte de sus estructuras, ante la
imposibilidad de competir con un modelo de producción como el marroquí, que
nada tiene que ver con el europeo, ya que la agricultura magrebí no está sujeta
al cumplimiento de los mismos estándares sanitarios, fitosanitarios,
medioambientales, laborales, etc. que se cumplen en Europa.
Qué dice el Parlamento Europeo (PE)
A partir
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el PE asumió un nuevo papel al
poder aceptar o rechazar los acuerdos comerciales que negocia la Comisión
Europea y en la negociación de dichos acuerdos.
La
inclusión de la política comercial entre los temas que decide el PE puede tener
consecuencias muy importantes y será decisivo para la entrada en vigor del Acuerdo
de Asociación entre la UE y Marruecos, ya que antes del Tratado de Lisboa, este
Acuerdo ya hubiera entrado en vigor, mientras que con las nuevas atribuciones
del Tratado, es obligatorio que el PE emita su dictamen.
De momento
el PE ha exigido a la Comisión Europea que deje de hacer concesiones al
negociar acuerdos comerciales internacionales, que puedan repercutir
negativamente sobre la agricultura comunitaria, y critica el pacto alcanzado
recientemente con Marruecos, afirmándose que la UE es demasiado generosa en sus
acuerdos comerciales.
Además insta
al ejecutivo de la UE a dejar de "subordinar los intereses agrícolas a los
de los sectores industrial y de servicios". Considera que no se debe abrir
más el mercado comunitario a las importaciones de productos agrícolas, sin
garantizar una compensación a los agricultores de la UE por sus pérdidas.
El PE indica que en el marco
de la Ronda de Doha, la UE ha realizado una "oferta extremadamente
generosa" respecto al sector agrícola, sin obtener concesiones
equivalentes por parte de sus socios. Por ello, pide a la Comisión que exija
reciprocidad en cuestiones como la reducción de las ayudas agrícolas internas
"que distorsionan el comercio".
El PE expresa su
preocupación ya que en las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos sigue
sin haber correspondencia y equilibrio, pues mientras los mercados europeos se
han abierto casi por completo a las importaciones del país magrebí, algunos
productos agrícolas de la UE siguen sujetos a cuotas.
Asimismo
pide que se desarrollen negociaciones por sectores agrarios afectados.
Situación del debate en la
actualidad
La
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ya alertó mediante opinión efectuada
ante la Comisión de Comercio Internacional del PE, durante el verano de 2011, de
los efectos nocivos de este Acuerdo que permitirá a Marruecos liberalizar un
45% el valor de las importaciones de la UE, mientras que por parte de la Unión,
se liberaliza el 55% de las importaciones de Marruecos.
Para la
Comisión de Agricultura este Acuerdo impactará negativamente sobre las áreas
especializadas en la producción de hortalizas de la UE, con importaciones de
productos hortofrutícolas desde Marruecos, que no cumplen las mismas normas
europeas en materia de protección del medio ambiente, las condiciones laborales
y sindicales de los trabajadores, la seguridad alimentaria, etc., constatándose
igualmente grandes diferencias sanitarias y fitosanitarias entre los productos
magrebíes y los europeos.
La
Comisión de Agricultura más allá de argumentos económicos y comerciales, valora
también la violación sistemática de los derechos humanos en Marruecos,
supeditando la firma de cualquier Acuerdo a un respeto efectivo de estos
derechos.
Asimismo,
la Comisión de Agricultura del PE apoya que se exija a las importaciones unos
estándares más elevados en cuanto a condiciones medioambientales, bienestar
animal y sanidad de plantas y animales, con el fin de asegurar una justa
competencia de estas importaciones y asegurar la protección del consumidor.
También estima que habría que aumentar los controles en frontera e investigar
los métodos de producción que se aplican en los países exportadores.
La
Comisión además de otras consideraciones expresadas, pide al PE la denegación
de aprobación del Acuerdo.
Por otro
lado, la Comisión de Comercio Internacional del PE ya ha oído el proyecto de
resolución legislativa presentada por José Bové, ponente del Grupo
de los Verdes/Alianza Libre Europea Miembro, en la que se pide también la
denegación de aprobación del Acuerdo.
En el informe se
habla de que las negociaciones en curso de llegar a buen puerto permitirían
entrar en una segunda fase de liberalización del comercio agrícola y pesquero
entre la UE y el Reino de Marruecos, cuyos antecedentes se remontan al año 2000
en el que se firmó el primer Acuerdo de asociación.
En la exposición
de motivos, a groso modo, se indica que este Acuerdo potencia un tipo de
agricultura industrial altamente capitalizada a expensas de la agricultura
familiar; el aumento de las cuotas de importación de una amplia gama de frutas
y hortalizas a tipos reducidos (tomate, berenjena, calabacín, naranjas,
clementinas, fresas, y también ajos y melones), que coloca a nuestras
producciones en una situación difícil, ya que ese tipo de ventajas y
facilidades a Marruecos no va a suponer el desarrollo equilibrado de su
agricultura.
Hace
mención el ponente a aspectos vergonzosos de la competitividad de las frutas y
hortalizas magrebíes, cuyo principal factor en la composición de los precios,
son los bajos salarios que reciben los trabajadores agrícolas de Marruecos de 5
€/día, o según recoge UNICEF en sus informes, en la persistencia del trabajo
infantil, “con una mayoría de niños en edad escolar que corren el riesgo de
verse sometidos a explotación económica, a través de tareas que se les
encomiendan en la artesanía, la agricultura…”.
No puede haber acuerdo comercial con Marruecos mientras no se ataje y luche
mediante políticas adecuadas el trabajo y la explotación infantil.
También
aborda la falta de fiabilidad del sistema de precios de entrada de frutas y
hortalizas que son incumplidos sistemáticamente, en especial para el tomate
fresco, permitiéndose a los operadores la reducción del pago de derechos de
importación. Refiere que el sistema de cupos de exportación es gestionado en
Marruecos por una estructura nacional que favorece a los grandes grupos de
exportadores de capital mixto (principalmente de Marruecos y Francia), y que el
70% de las exportaciones del país magrebí está en manos de tres grupos, por lo
que la agricultura familiar no tiene cabida en este entramado.
Denuncia
grandes operaciones especulativas realizadas por agentes financieros que buscan
anticiparse y posicionarse ante la UE, como la concesión de una superficie de
700.000 hectáreas al sur de Marruecos para desarrollar plantaciones de
cítricos, olivos y hortalizas.
Finalmente
el ponente reclama que por parte de la Comisión Europea se realice un estudio detallado
de los impactos sociales, medioambientales y económicos que acarreará el
Acuerdo, con el que el Parlamento pueda decidir con pleno conocimiento de
causa.
La Comisión Europea a través
de John Clarke, Director de Asuntos Internacionales II, de la Dirección General
de Agricultura, Unidad B, ha comparecido también ante el PE para refutar algunos de los
argumentos expresados en párrafos anteriores, negando por ejemplo la afirmación
de que las beneficiarias del Acuerdo sean las multinacionales, y si por el
contrario los agricultores pequeños, que se han dirigido por carta a la UE pidiendo
su ratificación. Clarke se ha permitido incluso la licencia de defender
abiertamente la agricultura de Marruecos y criticar la comunitaria. Este
“defensor de los intereses comunitarios”, en una reunión de la Comisión de
Agricultura del PE en el mes de marzo, cuestionó la seguridad de las frutas y
hortalizas españolas en comparación con las marroquíes.
Sobre
la utilización de mano infantil la Comisión Europea informa que Marruecos ha
firmado casi todas las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo
y que se trabaja duro para mejorar la situación laboral.
Rebatió
igualmente algunos datos de consumo de agua necesarios para la producción de un
kilo de tomate, rebajando de 100 litros la cantidad a 47 litros, cifra que está
en consonancia de los consumos de la UE de 45 litros. Como descargo hacia
Marruecos afirmó que en la UE para producir 1 kilo de carne de vacuno se necesitan
15.000 litros de agua.
Negó
la existencia de fraude en las importaciones de tomate, en contra de la opinión
de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) que va en sentido diametralmente
opuesto. También se habló sobre la inclusión del Sáhara y sus producciones en
el acuerdo, afirmando la Comisión que el acuerdo se aplicará al territorio de Marruecos
y que el Sahara según la ONU es territorio administrado por Marruecos. La
Comisión Europea afirma que rechazar el acuerdo pondría en peligro las
relaciones con el Magreb convirtiéndose en la mejor defensora de Marruecos en
la UE.
El
Acuerdo actualmente en vigor entre la UE y Marruecos, según fuentes del sector
español, ha provocado la destrucción de 12.500 empleos en las zonas productoras
de tomate. Si este Acuerdo es renovado y ampliado corremos el riesgo de que el
daño se traslade a otras producciones hortofrutícolas, puesto que en Protocolo
se establecen grandes concesiones no sólo en hortalizas sino también en frutas
como la uva de mesa, albaricoque, melocotón y nectarina, productos que hasta
ahora no habían sido objeto de concesiones.
Cuando
este artículo llegue a los lectores ya se habrá producido (8 de diciembre) el debate en Comisión de
Comercio sobre el proyecto de informe del Ponente y la presentación de enmiendas
posterior. La votación en Comisión de Comercio está prevista para el 25-26 de enero de 2012 y la votación en el Plenario
del Parlamento en febrero de 2012. Si el acuerdo es ratificado, entrará en
vigor en abril de 2012, y supondrá la total liberalización del comercio de
frutas y hortalizas frescas y transformadas entre la UE y Marruecos.
