LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

EL RETRASO DE LAS JUBILACIONES

El alargamiento de la edad obligatoria de la jubilación de los 65 a los 67 años afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años. El promedio de la UE-15 es de 7 años. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).

A partir de estas cifras puede concluirse que puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchos cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo, tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar la salud de la persona. En EEUU, por ejemplo, un Catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad exige a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como medicina), donde hay una enorme escasez de profesionales.

Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce, sino un medio a partir del cual la persona obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra persona que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a la mujer de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra. Y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos treinta años, ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto su vida alargada mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos treinta años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker and David Rosnick. The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement. Center for Economic and Policy Research. October 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores que con 58 años trabajan en ocupaciones físicamente exigentes y/o en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos treinta años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.

Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han hecho una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo hizo hace unos días el nuevo Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, en que utilizó el mismo argumento. Es más este último indicó que, aún cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.

Ello no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera 2%, el PIB en 2050 sería 2.20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora 9 unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar de 52% fuera 72% o 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el estado debiera hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

Vicenç Navarro, 16 de diciembre de 2010

Partido Popular, ¿el partido de los trabajadores?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 14 de junio de 2010

Este artículo presenta datos sobre la situación de la clase trabajadora (la evolución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, de los beneficios empresariales versus los costes del trabajo, del déficit de gasto publico social per capita entre España y el promedio de la UE-15 –incluyendo el gasto publico social en prestaciones a la vejez-, de las pensiones, y de la pobreza entre los ancianos) durante el periodo de gobierno del PP (1996-2004). Puesto que el Sr. Mariano Rajoy ha indicado que seguirá las mismas políticas que siguió Aznar, que -según él- sacó a España de la crisis anterior, es importante conocer las consecuencias que tales políticas tuvieron sobre la clase trabajadora, cuyos intereses tal partido dice ahora querer defender.

Existe una percepción generalizada en la cultura mediática y política del país de que España es un país de clases medias, es decir, un país en el que la mayoría de la población es, y se define como clase media. En esta visión, la estructura social de España consta, por un lado, de los ricos y, por el otro, de los pobres, y entre los dos polos están las clases medias. A veces se utiliza otra terminología y se habla de clases altas, clases medias y clases bajas.

Esta visión de la estructura social es, sin embargo, profundamente ideológica, promovida por el pensamiento neoliberal que ha contagiado a la mayoría de sensibilidades políticas del país. La evidencia científica, ignorada sistemáticamente por los mayores medios de información y persuasión, es que en España y en los países desarrollados a ambos lados del Atlántico continúan existiendo clases sociales, mejor definidas por la terminología científica, utilizada por todas las mayores tradiciones sociológicas del siglo XX, es decir, burguesía (en EEUU se llama Corporate Class o clase empresarial), pequeña burguesía (llamada clase media de renta alta en EEUU), clase media y clase trabajadora.

Y cuando se pregunta a la población a qué clase pertenece, hay más personas (en todos los países de la OCDE donde se ha hecho esta pregunta) que se definen como pertenecientes a la clase trabajadora que a la clase media. Es interesante, por cierto, que estos porcentajes varían según la cultura política dominante en el país. Así, en países de cultura socialdemócrata como los países escandinavos (los países, por cierto, más ricos de Europa), el porcentaje de la población que se define como clase trabajadora es mayor que en los países de cultura conservadora o liberal, como EEUU o el Sur de Europa. Pero incluso en éstos hay más ciudadanos que se consideran miembros de la clase trabajadora que de la clase media.

La otra observación que merece hacerse es que en general los partidos liberales y/o conservadores utilizan más la expresión clase media que los partidos de izquierda, aún cuando hay excepciones. Y estos días estamos viendo un cambio significativo en España. Mientras el gobierno socialista continúa haciendo referencia a los sacrificios necesarios que tiene que hacer la clase media (asumiendo, erróneamente, que son la mayoría de la población) para salir de la crisis, el Partido Popular ha comenzado a utilizar la expresión de clase trabajadora, llegando incluso a definirse como el partido de los trabajadores. Una metamorfosis política, no carente de oportunismo político. El PP quiere subrayar que el PSOE está cambiando su compromiso tradicional con la clase trabajadora, abandonándola no sólo en la terminología utilizada en su discurso, sino también en sus políticas públicas. El descenso de los salarios de los trabajadores y empleados públicos y la destrucción de empleo (que tiene lugar como consecuencia de la reducción del empleo y gasto público), así como la congelación de las pensiones, ha sacado a la luz una serie de vulnerabilidades del Partido Socialista Obrero Español, que el PP intenta utilizar presentándose como el auténtico defensor de los trabajadores, medida oportunista e inteligente, que de ser exitosa le supondría su victoria electoral, deseada, por cierto, por la mayoría de los medios de información y persuasión de mayor difusión en España.

El punto débil de tal estrategia es la propia experiencia que tal Partido tiene en su periodo de gobierno (1996-2004). El hecho de que el dirigente de tal partido, el Sr. Mariano Rajoy, haya indicado que, para salir de la crisis, el PP llevará a cabo las mismas políticas que utilizó el gobierno Aznar (que –según Rajoy- sacaron a España de la crisis económica anterior) muestra la gran vulnerabilidad de su nueva definición como partido de los trabajadores, puesto que de la evaluación de aquellas políticas es difícil (en realidad imposible) llegar a la conclusión de que el PP fuera el partido que defendiera los intereses de aquellos que se ganan la vida a base del trabajo. Veamos los datos.

El primer dato, que el PP muestra a su favor es el descenso del desempleo durante le periodo 1996-2004. Pero se olvida que la calidad de la mayoría de puestos de trabajo creados fue baja, desaprovechando la oportunidad de crear mejores puestos si se hubieran seguido políticas públicas distintas. El gran crecimiento en la creación de empleo en aquellos años se centró en la construcción, consecuencia del boom inmobiliario dirigido por el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción, que se convirtió en el eje del crecimiento económico del país. Este complejo, que el PP estimuló con sus políticas fiscales y económicas (mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo y de los mercados de trabajo, su reducción de impuestos de las rentas del capital y rentas superiores y su dependencia en la inmigración escasamente regulada), tuvo un impacto enormemente negativo en la economía española, pues absorbió gran cantidad de recursos que tenían que haberse aprovechado para crear mejores puestos de trabajo, con mayor productividad y mejores salarios. En realidad, durante el periodo 1996-2004, la masa salarial descendió, con lo cual las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales del país bajaron espectacularmente. Pasaron de representar el 66% de la renta nacional al 61%, el mayor descenso (después de Alemania) de las rentas del trabajo en cualquier país de la UE-15. Los datos muestran que las políticas del PP favorecieron mucho más a la clase empresarial que a la clase trabajadora, pues las rentas del capital y las rentas superiores se dispararon a costa de las rentas del trabajo. Los beneficios empresariales vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, que fue un 33%), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE-15, un 18%). Estos datos muestran claramente que el PP, aplicando las mismas políticas que propone desarrollar ahora, fue el partido, no de los trabajadores, sino de los empresarios. No hay ningún cambio en sus propuestas que pudiera llegar a resultados distintos, justificando su autodefinición de Partido de los Trabajadores.

Pero continuemos mirando los datos. Y analicemos la evolución del gasto público social por habitante durante el periodo 1996-2004 (mandato del supuesto Partido de los Trabajadores). Este gasto es el gasto que sostiene el estado del bienestar español, es decir, las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos y otros servicios públicos que determinan en gran manera el bienestar y la calidad de vida de las clases populares, y, muy en particular, de la clase trabajadora. Pues bien, según los datos del Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, España, que tenía ya entonces el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, vio aumentar todavía más el enorme déficit de gasto público social que tenía con el promedio de la UE-15 durante el periodo 1996-2004. España en 1996 se gastaba 1.904 euros estandarizados (es decir, euros modificados para que pueda homologarse su capacidad de compra con la de los países de la UE-15) por habitante menos que el promedio de la UE-15. Al final del mandato del supuesto Partido de los Trabajadores (2004), tal déficit social aumentó a 2.243, el mayor déficit que cualquier país tuviera con el promedio de la UE-15. La causa de ello es que el gobierno Aznar, bajo la dirección económica del Sr. Rodrigo Rato, además de bajar los impuestos, transfirió fondos de las áreas sociales al presupuesto general del Estado (a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado), de manera que cuando, por fin, se consiguió (según dijo Aznar) alcanzar el equilibrio de las cuentas del Estado, ello se había hecho a costa del estado del bienestar español, como más de un líder europeo le recordó. Cuando el Presidente Aznar, sacando pecho, se mostraba orgulloso ante sus colegas de la UE-15, de no sólo haber reducido el déficit del estado por debajo del 3% del PIB, sino de haberlo eliminado, más de un dirigente europeo le señaló que el gigante económico español (el PP repitió hasta la saciedad que éramos la octava potencia del mundo) se había construido, no sólo con salarios bajos, sino también con un estado del bienestar poco desarrollado. El gigante económico tenía pies de barro sociales.
El crecimiento del déficit del gasto público social por habitante en relación con la UE-15 fue también muy acentuado en el capítulo de gasto público en prestaciones a la vejez (que incluyen las pensiones). Tal déficit aumentó de 690 euros estandarizados por habitante a 782. Ello contribuyó al aumento de la pobreza entre los ancianos, que subió durante su mandato de 14% a 30% (Eurostat, 2010) hecho que invalida su profesión de defensores, no sólo de los trabajadores, sino también de los pensionistas. Por cierto, la derecha catalana, CIU, apoyó todas las políticas públicas a las cuales hago referencia.

El problema que tienen, pues, las derechas es que si se supieran todos estos datos, su credibilidad sería fácilmente cuestionada. La suerte que tiene es que la sensibilidad neoliberal que predomina en la mayoría de medios de información y persuasión de nuestro país, hace que estos datos sean escasamente conocidos. Y ahí está uno de los mayores problemas que tenemos en España: la falta de diversidad ideológica en la mayoría de medios de mayor difusión. Consecuencia de ello es que muchos trabajadores y pensionistas no relacionan el crónico deterioro de su situación con las políticas neoliberales del PP (reproducidas, en ocasiones, por los equipos económicos de los gobiernos PSOE). Tales medios tienden a dar mayor visibilidad a temas religiosos o nacionalistas que movilizan a sectores de la clase trabajadora que apoyan al PP, ocultando su responsabilidad en el deterioro económico y social del país. El crucifijo y las banderas siempre han sido utilizados por las derechas para movilizar a los trabajadores y pensionistas en contra de sus intereses.

¿Para cuándo los Bin Laden?

Leyre al natural

Hace poco Zapatero anunciaba -con poco detalle y bastante improvisación- una reforma fiscal que definía limitada y temporal, con el supuesto objetivo de que los que más tienen, aporten más a las arcas públicas para hacer frente al gasto social.

Con el paso de los días y salvo enmienda en el Congreso -cosa posible-, se ha ido comprobando que se trata más de estrategia mediática y electoral que de otra cosa, como ya ocurriera con los famosos 400 euros. La injusta, parcial e insolidaria reforma planteada tiene de todo menos límites y temporalidad, ya que se recurre a la subida de impuestos indirectos y a gravar a la mayor parte de los contribuyentes, sobre todo a los curritos y curritas.

El mantenimiento del gasto social debe ser prioritario pero partiendo de criterios de solidaridad y de contribución progresiva a través de los impuestos –más ganas más pagas-, nunca de forma lineal. El ejemplo más claro de este error ha sido el asunto de los 400 euros: se instituyó de forma lineal, recibiéndolos íntegros aún los contribuyentes con mayores nóminas, y se elimina de un plumazo a todos, da igual que existan familias en precario.

La subida del tipo general y reducido del IVA es otro sablazo, es tocar las exiguas economías del 65% de los trabajadores y trabajadoras mileuristas que hay. Mientras tanto, las grandes fortunas, las sociedades de inversión, los banqueros y otros, siguen ganando la batalla en los despachos. Zapatero sólo se atreve con ellos en los discursos.

La fiscalidad debe ser un elemento básico de las políticas económicas progresistas, de equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital, que asegure la redistribución de la riqueza, la existencia de servicios públicos de calidad y la intervención pública democrática en la economía. Coraje produce el anuncio de subida del IVA de forma general, mientras las grandes fortunas siguen teniendo un trato fiscal de favor.

Por cierto ¿para cuándo hacer aflorar los 56.000 millones de euros en billetes de 500 –los Bin Laden-, que hay en España, muchos procedentes de negocios sucios?.

Los señores de la mina (y III)

Precio de los alimentos básicos en origen y destino

Los agricultores y ganaderos cada vez encuentran más dificultades en su actividad productiva: incremento incesante de los costes; dificultades en la comercialización de los productos; bajos precios; aumento de los requisitos y obligaciones a nivel de explotación; etc.
Los consumidores pagamos por los productos básicos de alimentación, ya sea en fresco, manipulados, transformados, envasados, etc., precios que generalmente no guardan correspondencia con los percibidos en origen por sus obtentores, aún incluyendo en ellos la proporción de mano de obra, envase, energía, transporte y otros aspectos operativos más.

El gigante de la distribución comercial

En España el panorama de la distribución comercial ha cambiado en corto espacio de tiempo de forma radical. El 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de la distribución en autoservicio (súper, híper y discount). Figuras relevantes en ella hasta hace poco, como la tienda tradicional y la tienda especializada, han sido apartadas paulatinamente del mercado, casi suprimidas del mapa. Hoy ocupa su lugar y casi todo el restante la llamada gran distribución, que agrupada, poderosa e inflexible es dueña y señora de todo y de todos. Poco importa que el capital sea foráneo o del país. Los modos y las maneras son iguales.

Es tal el tamaño de algunas de sus cadenas que pueden ser consideradas como pequeños estados de poder. Así la mayor de ellas y líder mundial con el 6,1% de la cuota total de mercado, Wal-Mart, tiene unas ventas superiores a 240 mil millones de euros –cantidad que representa el volumen de ventas de sus siguientes cuatro competidores-, situándola como la 21ª economía mundial.

Cada vez más las compras de alimentos se concentran y organizan alrededor de este tipo de distribución, que para el consumidor final se está convirtiendo en la única puerta de acceso a los alimentos y en la de los productores al consumidor. Este grado de poder y control que se produce en la cadena agroalimentaria está suponiendo importantes impactos en todos los eslabones de ella. Después de hacerse con gran parte de las porciones del pastel de la distribución alimentaria; de desplegar e imponer condiciones de poder, hegemonía y negociación ante sus proveedores y usuarios, en una coyuntura de crisis y depresión económica como la actual, las más importantes cadenas siguen manteniendo sus márgenes y crecimiento imparable, a costa de ajustar a la baja los precios y condiciones de compra a sus proveedores y forzar al alza los de la cesta de la compra.

Índice de precios en origen y destino

El anterior fenómeno es uno de los elementos que revela desde el mes de junio de 2008 el observatorio conocido como Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), y que mes a mes examina y compara los precios registrados en origen y destino en 32 alimentos básicos de nuestra cesta, y que desde ya hace muchos, confirma que el IPOD general (agricultura + ganadería) se multiplica por un número variable de veces, numerosas frecuentemente, hasta que llega al consumidor, manifestando el desequilibrio existente en el mercado de productos agrarios, dominado por la gran distribución comercial.

La encuesta de agosto de 2009 indica que el IPOD general fue del 4,78 (5,27 en productos agrícolas y 3,05 en ganadería). De la huerta a la mesa los productos multiplican su precio de origen hasta el consumidor: la patata multiplica su precio por 17; la cebolla por 11,67; el ajo por 4,39; el melón por 6,20 y así las restantes frutas y hortalizas. De la granja a la mesa ocurre lo mismo con carnes, huevos y leche de vaca.

Efectos nocivos del sistema sobre los productores

Las grandes cadenas, lo que ha quedado en llamarse gran distribución alimentaria, probablemente por razones de eficiencia y dimensión, selecciona y diferencia a sus proveedores, entre los que raramente se encuentran las producciones de las pequeñas y medianas explotaciones, a no ser que estén integradas en estructuras comerciales mayores. Generalmente las grandes cadenas prefieren aquellas producciones procedentes de un tipo de agricultura, ganadería y pesca de carácter industrial, menos sostenible y donde no tienen espacio los pequeños productores.

Las exigencias unilaterales impuestas por las cadenas en relación al tipo, cantidad y características de los alimentos; las limitaciones en los precios, las estrictas estipulaciones contractuales o la dilación en el tiempo de pago a proveedores, son aspectos que impiden a los pequeños productores estar en este importante canal comercial, que con el paso del tiempo, se está convirtiendo en el único.

Pero también ahora los sistemas industriales locales y regionales, que abastecen a las grandes cadenas, sufren igualmente las consecuencias de la deslocalización productiva y comprueban como la gran distribución, cada vez más, por estrategias y políticas ventajosas de precios, prefiere importar los productos alimentarios de áreas geográficas alejadas, relegando las producciones locales y regionales a un segundo plano.

Queda patente que son muchos los problemas existentes en la cadena de distribución agroalimentaria, siendo los pequeños y medianos productores los que directamente los soportan en forma de disminución de sus rentas y recorte de los precios a la baja. A los aspectos negativos señalados en forma de crecientes exigencias, sistemas de pago leoninos, crecimiento de las importaciones, hay que sumar también la devolución injustificada de productos, la no remuneración de los costes de producción o la inexistencia de contratos-tipo, etc.

Márgenes comerciales de la distribución y Renta Agraria

La tendencia alcista del IPC de los productos de alimentación en fresco que se registra desde hace ya algunos años, no parece responder al incremento de los precios en origen, sino al crecimiento del coste de la distribución comercial, consecuencia del aumento de los servicios y/o de los beneficios de las grandes cadenas, aspectos con importante repercusión en el sistema económico.

En la última década los márgenes comerciales de distribución de frutas y hortalizas han sido crecientes. Las ganancias de productividad no se han trasladado a los precios finales sino que han ido a incrementar las rentas de los distribuidores.

La Renta Agraria en términos reales permanece por debajo de la computada en el año 1990 (13.765,70 millones de euros), y acumula en los últimos años, cifras medias negativas, que evidencian que continúa disminuyendo, lo que significa no sólo que las producciones agrarias no están generando un mayor valor añadido para los agricultores y ganaderos a pesar del gran esfuerzo inversor y de modernización del sector agrario, sino que nos encontramos ante un problema de carácter estructural importante.

A modo de conclusión y propuestas

Es incuestionable que el mercado de los productos agroalimentarios está dominado por la gran distribución, registrándose en él situaciones de falta de transparencia y prácticas especulativas. Este funcionamiento del mercado, por otro lado, provoca una injusta formación de los precios y un desproporcionado aumento de los márgenes comerciales.

Productores y consumidores, los dos eslabones extremos de la cadena, son los principales perjudicados de este sistema. Los productores porque reciben bajos precios que no remuneran su actividad y no cubren los costes de producción de los alimentos que obtienen. Los consumidores porque pagan precios excesivos en relación a lo que valen en origen.

La evidencia de acciones y prácticas fraudulentas en el mercado como el dumping comercial o la venta a pérdidas, que perjudican directamente a los eslabones extremos de la cadena, debería ser una llamada de atención a las administraciones competentes, que mediante su actuación, podrían establecer mecanismos que impidan estas prácticas, faciliten un mejor conocimiento y transparencia del mercado, así como de los factores que intervienen en la formación de los precios de los productos alimenticios.

Las importaciones de productos agroalimentarios debería ser otro de los campos de actuación en materia de su mejor control y de salvaguardia de la seguridad de los consumidores. Los productos agroalimentarios importados deben cumplir los mismos requisitos de calidad, salubridad y sostenibilidad que se exigen a los productores comunitarios. No puede existir competencia leal y transparente mientras esto no se cumpla, como así está ocurriendo.

La mejora de la información al consumidor y el conocimiento del valor real de los productos podría alcanzarse mediante el sistema del doble etiquetado (precios origen-precios destino) y así evitar las continuas distorsiones de ellos.

Por último, y como así lo tienen aprobado las Cortes, desarrollar la Ley de Comercio, que faculta al Gobierno en el caso de tratarse de productos de primera necesidad, a fijar los márgenes de comercialización en la distribución de los productos frescos de alimentación que presentan fuertes oscilaciones estacionales en los precios de origen y en los precios de venta al público.

Canarias: breves apuntes económicos, sin pretensión alguna

El sector primario canario (agricultura, ganadería y pesca) económicamente es muy poco relevante en el PIB de las islas: 491 millones de euros frente a un total de 43.480 según datos del año 2008, aunque desde el punto de vista social y poblacional tiene su dimensión, ya que emplea a 22.500 personas “que conservan el territorio”.

Predomina el minifundismo. Plátano (29%), tomate (21%) y frutas (13%) representan más del 60% del valor de una producción agraria en claro y abierto retroceso, en la que mantiene el tipo el viñedo, cultivo muy arraigado que ocupa la mayor extensión territorial.

En ganadería la principal producción es la avícola seguida por un pujante sector caprino de carne y leche, tercera cabaña a nivel nacional, y base de una importante industria quesera. La pesca ha sufrido una considerable sangría de buques, aún así las capturas son importantes en túnidos y cefalópodos. La acuicultura en los últimos años ha ido cobrando relevancia con producciones en dorada y lubina.

Industria y consumo alimentario

Las casi 1.100 empresas existentes en el sector alimentario de Canarias generan el 27% del empleo de la industria de la Comunidad. Los subsectores de las aguas, bebidas analcohólicas y lácteo son los que mayor facturación aportan, mientras que los que más empleo crean son los del pan, pastelería y galletas.

En materia de consumo Canarias supera la media nacional per cápita anual de consumo de aceite (3,7 litros); se encuentra en cifras medias en leche, bebidas refrescantes y legumbres; y por debajo en huevos, frutas y hortalizas, carne, pan, etc.

En productos concretos los hogares canarios registran los consumos más altos de España en conservas de pescado (5,7 kilos frente a 4 kilos de media estatal), queso (9 kilos frente a 6,2 kilos de media), siendo los canarios los principales consumidores de chocolate, aceite de semillas, margarina, mosto, salsas y café e infusiones. Canarias, tras Valencia, es el segundo consumidor de arroz; y de azúcar y vinos con denominación de origen, esta vez tras Asturias.

El gasto per cápita anual en alimentación en los hogares canarios asciende a 1.171,20 euros.

Comercio y restauración bajo el liderazgo turístico

Las actividades comerciales, turísticas y de restauración, el llamado sector servicios, tienen una importancia creciente. Canarias contabiliza cerca de 50.000 actividades comerciales minoristas articuladas en torno a las áreas de Arrecife, Las Palmas y Santa Cruz – La Laguna.

El clima, la singularidad de su naturaleza, su variada oferta de ocio hacen, entre otros aspectos, que las islas sean destino turístico preferido. Las cifras de 2008 cantan: Casi 9,2 millones de visitantes y 160 millones de pernoctaciones anuales. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, alquileres de coches, etc. aportan el 19 % del PIB regional. Otros sectores vinculados indirectamente a los anteriores como el alimentario, construcción, textil, electricidad, gas y agua llegan al 9% del PIB. Todo el sector turístico genera más del 33% del empleo.

Fuente: Distribución y Consumo, nº 106. 2009